El Nuevo Proyecto
Los congresistas, Luis Gutiérrez, (D-IL) y su colega Jeff Flake,(R-AZ), presentaron un nuevo proyecto de ley para tratar de llegar a la mítica reforma integral migratoria. La nueva propuesta, conocida por sus siglas en inglés ‘STRIVE’, pretende ser una repuesta humanitaria a la alegada falta de control de las fronteras y a la presencia de millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. “Es un proyecto de ley de seguridad: seguridad nacional, seguridad de las familias y seguridad económica”, expreso Gutiérrez. “Nos permite proteger nuestras fronteras y reformar un sistema migratorio que perjudica a los negocios, a las familias y a las comunidades. Ambos congresistas alegan que el proyecto tiene como objetivos el fortalecimiento de la acción policial y la seguridad fronteriza, además incrementar la responsabilidad de los empleadores y regular de manera más efectiva el flujo de trabajadores temporales hacia Estados Unidos. En realidad están buscando la forma de explotar legalmente la mano de obra barata y abundante, preservar el poder adquisitivo de los inmigrantes y continuar la vergüenza de la muralla.
En el senado hay una propuesta presentada por los senadores John Cornyn (R–TX) y Jon Kyl (R–AZ), denominada: “Ley para una mejor acción policial y reforma migratoria 2005″. Esta basada en el retorno voluntario a sus países de origen de aquellos ilegales que califiquen para una visa temporal de trabajo. En caso de que los dos proyectos de ley pasen en sus respectivas cámaras, tendrán que ser homologados antes de ser presentados al presidente para convertirse en ley. Lo mismo que sucedió el verano pasado y nunca se resolvió.
El presidente George W. Bush ha expresado en varias oportunidades su apoyo tanto a la legalización de indocumentados como a un programa de trabajadores temporales, junto con un mayor control fronterizo y una aplicación interna de las leyes de inmigración.
Los tres están tácitamente de acuerdo en que no haya una amnistía, que no se hable claramente de la frontera con México y que los proyectos de ley no incluyan el deseo de los inmigrantes en otras partes del mundo de entrar legalmente a Estados Unidos. Los tres ignoran la necesidad de establecer un programa de asilo político justo y rápido. No toma en consideración la necesidad de implementar un sistema migratorio que controle los extranjeros que entran, por que razón entraron, donde se alojan mientras están en el país y cuando salieron. No demandan que todos los inmigrantes que quieran entrar a Estados Unidos, sin miramiento al país, región o continente de procedencia, sean tratados de la misma forma y bajo las mismas leyes.
El nuevo embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, ha sido el único en expresarse con claridad. Sarukhán insistió que cualquier reducción en el número de emigrantes hacia Estados Unidos dependerá en gran medida en “la habilidad de México para demostrar que trabaja para generar empleos” y dijo claramente que “la reforma migratoria de Estados Unidos comienza en México”.
El problema con las propuestas Gutiérrez-Flake, Cornyn-Kyl y los deseos del presidente Bush es el mismo dilema que enfrentaron los legisladores el año pasado. Si se ponen en efecto leyes que legalizan a la mayoría de los ilegales estos ya no tendrían necesidad de trabajar en la agricultura, manufactura y mantenimiento. Los nuevos legales buscarían mejores trabajos y entrarían en competencia con los norteamericanos. Si continúan las redadas, la construcción de cárceles privadas para el procesamiento de deportados y la presión contra los patronos muy pronto una lechuga costara lo que cuesta un galón de gasolina.
El llamado problema migratorio se resuelve negociando con México un nuevo tratado NAFTA que les devuelva a los campesinos mexicanos la habilidad de ganarse el pan de cada día. Se soluciona creando una organización permanente de estudio sobre problemas y soluciones fronterizas. Se logra urgiéndole a México leyes que abran su economía y distribuyan las riquezas del país más equitativamente. De nuestro lado debemos implementar una moratoria de 2 años en las deportaciones, un indulto a ilegales que no hayan cometido delitos graves y debemos comenzar la inscripción voluntaria de los indocumentados. Los indocumentados que se inscriban como residentes ilegales deberán regresar a sus respectivos países dentro del periodo de 2 años a preparar su entrada legal sin estigma y con prioridad. Los ilegales que no se hayan inscrito dentro de los 2 años serán sujetos a deportación inmediata sin derecho a regresar.
La reforma migratoria debe ser exactamente eso, una reforma a las presente leyes que gobiernan la inmigración a EE.UU. El continuar llamándole reforma migratoria a los problemas con México y Latinoamérica es pura demagogia y una burla de ambos partidos políticos a los indocumentados, a los hispanos que vivimos en esta gran nación y al generoso y tolerante pueblo norteamericano.
José R. Uzal (uzal@msn.com) escribe para el Latino Semanal., en West Palm Beach FL, sobre temas de interés para los hispanos parlantes.
